PostHeaderIcon El Servicio Andaluz de Teleasistencia atiende más de 318.000 llamadas en la provincia de Córdoba en el primer semestre de 2020

En este periodo, 1.433 personas se han dado de alta en la provincia en este servicio de la Junta de Andalucía destinado a personas mayores y en situación de dependencia

El Servicio de Teleasistencia de la Junta de Andalucía que gestiona la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha atendido 318.852 llamadas en la provincia de Córdoba en el primer semestre de 2020, lo que ha supuesto una media de 1.752 llamadas gestionadas al día. Este servicio cuenta en la actualidad con 26.910 personas titulares en la provincia, de las cuales 1.433 se han dado de alta durante el primer semestre del año.
Del total de llamadas gestionadas, 76.535 han sido realizadas por las personas beneficiarias pulsando el botón de su dispositivo de teleasistencia por diversos motivos: contacto o conversación para paliar situaciones de soledad o aislamiento social, emergencia, demanda de servicios de salud, llamadas relacionadas con el funcionamiento técnico del servicio y para solicitar información sobre prestaciones sociales.
Por otra parte, 242.317 llamadas han sido salientes, es decir, realizadas por los profesionales del servicio y gestionadas desde la central por diversos motivos: para movilizar recursos en caso de emergencias, dar aviso a familiares o contactos en caso de necesidad, para proporcionar alguna información de interés, hacer un seguimiento periódico del estado de las personas beneficiarias, recordar una cita médica o para actualizar sus datos de forma que se garantice una prestación de calidad, eficaz y eficiente.
Este semestre, sobre todo teniendo en cuenta el periodo de confinamiento durante el estado de alarma, este servicio ha jugado un papel fundamental en la atención de las personas mayores, personas con discapacidad y en situación de dependencia que, en muchos casos, se han enfrentado a una situación de aislamiento social más acentuada, que ha incrementado su sensación de miedo y desconcierto.

Más de 3,2 millones de llamadas en toda Andalucía
El Servicio de Teleasistencia ha atendido más de 3,2 millones de llamadas en el primer semestre de 2020, lo que ha supuesto una media de casi 18.000 llamadas (17.978) gestionadas al día. En toda la Comunidad Autónoma, son 231.895 titulares, de los cuales 12.197 se han dado de alta hasta junio de este año.                                                                     
Del total de llamadas, 757.558 han sido realizadas por las personas usuarias y 2.514.502 por los y las profesionales del servicio.
El Servicio Andaluz de Teleasistencia cuenta con una gran aceptación entre las personas usuarias y sus familias, por la tranquilidad y seguridad que les aporta el estar atendidas las 24 horas del día los 365 días del año. Así lo transmiten las personas beneficiarias en la encuesta de satisfacción que este servicio público realiza cada año, en la que el 99% de las personas encuestadas declara que lo recomienda a sus familiares y amigos. El 97% valora sobre todo la atención recibida y el 94% la facilidad de uso del servicio.
En cuanto al perfil actual de las personas beneficiarias del servicio, el 61% son personas que viven solas en sus hogares, el 80% son mujeres y el 69% tiene una edad igual o superior a 80 años, siendo la media de edad de las personas usuarias de 82 años.
Al Servicio Andaluz de Teleasistencia pueden acceder todas las personas mayores de 65 años residentes en Andalucía, así como las personas en situación de dependencia que tengan esta prestación prescrita en su Programa Individual de Atención (PIA) y las personas con discapacidad, con más del 65% de discapacidad y edad comprendida entre los 16 y los 65 años.

 

PostHeaderIcon Troncoso llama a la tranquilidad en la presentación de las medidas para un inicio de curso presencial

Educación invierte más de 2 millones de euros en 100 centros de la provincia para adecuar sus espacios a las nuevas necesidades como consecuencia del coronavirus

La delegada de Educación, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Inmaculada Troncoso, ha presentado esta mañana el documento con las medidas para el inicio de curso con el que ha querido trasladar “a toda la comunidad educativa un mensaje de tranquilidad”. La intención, ha dicho la delegada, “no es otra que volvamos a nuestros colegios de forma presencial, y que las familias y los docentes estén lo más tranquilos posible y que lo hagamos de forma responsable”. En este sentido, ha destacado que toda la actividad que se ha desarrollado en los centros desde el 18 de mayo se ha producido con normalidad. Entre ellas, las pruebas de acceso a la universidad, las de acceso a distintas enseñanzas y el programa de refuerzo estival. .
El documento, que ya tienen los equipos directivos en su poder, desgrana cómo debe ser la aplicación de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Vicenconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso escolar 2020/21, e incorpora las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud covid19 en centros y servicios educativos docentes, elaboradas por la Consejería de Salud y Familias.
El documento presentado por la delegada de Educación está dividido en diez puntos: Responsabilidad compartida, Participación, diálogo y compromiso, Coordinación, Información y formación, Recursos personales, Recursos materiales, Flexibilización, Organización, Servicios Complementarios y Documentación.
En el decálogo se recogen del mismo modo todas las dudas y cuestiones planteadas por las direcciones de los centros docentes de Andalucía, a raíz de las reuniones que todos los directores y directoras mantuvieron con los inspectores e inspectoras de referencia en la primera quincena de julio, de los escritos de las asociaciones de directores y directoras y de las consultas individuales que han llegado a la Consejería de Educación y Deporte o a las distintas delegaciones territoriales.
En total, se han formulado más de 310 dudas, muchas de ellas recurrentes y reiteradas, que se han agrupado en 91 preguntas y respuestas. Todas han sido vinculadas con los distintos apartados del decálogo para una mejor identificación por parte de los centros educativos.
En cuanto a las preguntas que más se han repetido en ese decálogo, son las referidas a la responsabilidad, así como las relativas al personal o la organización de los centros.
En total, en la provincia se van a realizar test Covid a más de 14.300 profesionales de educación, tanto de centros públicos como concertados. Troncoso ha informado  por su parte que Salud y Familias preverá a la provincia de 410.000 mascarillas y más de 38.000 litros de hidrogel al mes a los centros educativos de Córdoba.
Por otro lado, el refuerzo de personal va a suponer en la provincia la contratación de un total de 623 profesionales, los cuales irán destinados a reforzar en Educación Primaria, Secundaria, así como a incorporar a los centros de más Personal Técnico de Integración Social. En este sentido, la delegada de Educación ha señalado que “esta cifra es una previsión que se podrá ajustar en septiembre durante la colocación de efectivos”.
Asimismo, Troncoso ha querido destacar el diálogo permanente que la tanto la Consejería como su delegación está manteniendo con la comunidad educativa. Así, desde el estado de alarma, se han mantenido reuniones permanentes con colectivos relacionados con la educación. Asimismo, ha puesto de manifiesto que el centro del interés debe ponerse siempre en el alumnado.
Troncoso ha destacado que es “lógica la preocupación ante un curso inédito, y estaremos para clarificar desde la inspección educativa y la delegación territorial  todas las dudas, para aclararlas”.

Fondos de inversión para obras

Por otro lado, la delegada de Educación ha informado que la Consejería de Educación y Deporte va a invertir más de 2 millones de euros en 100 centros de la provincia, cuyo mantenimiento depende de la Administración autonómica, para adecuar sus espacios a las nuevas necesidades como consecuencia del coronavirus.
En total, la administración autonómica ha aceptado 122 proyectos de 100 centros en 44 municipios, lo que según la delegada, “ayuda también a la reactivación económica local”.
Troncoso ha destacado también que esta medida “ha sido acogida de una forma espléndida. Hay muchos, muchísimos centros que están organizando un curso diferente, excepcional, y tratamos de aportarles los recursos para desarrollarlo con normalidad dentro de la anormalidad que estamos viviendo”. Y ha afirmado que, con medidas como esta, “lo que pretendemos es darles tranquilidad y seguridad para el comienzo del curso”.
La inversión en Córdoba es de un total de 2.331.457,61 euros, los cuales pertenecen al Fondo de Emergencia Social y Económica (FESS) contra el Covid-19 y va dirigida a los institutos de Educación Secundaria, centros de enseñanza de Régimen Especial -a excepción de los conservatorios elementales de Música- y residencias escolares.
Entre los proyectos que se van a llevar a cabo en la provincia, se encuentran la reparación y mejora de sus instalaciones para que las clases se puedan desarrollar en entornos seguros, y adaptar las instalaciones de los centros para adecuarlas a las medidas recomendadas por la Consejería de Salud y Familias.
Cada centro ha podido presentar  un máximo de dos proyectos, con un presupuesto de hasta 25.000 euros cada uno. Las obras deberán estar finalizadas antes del 31 de diciembre de este año.
Esta medida se engloba en el Plan de Acción en Educación para el curso 2020/21, que también incluye la contratación de 8.000 profesionales en al comunidad, así como 150.000 nuevos portátiles, formación para los docentes y material higiénico sanitario por más de 50 millones de euros.

 

PostHeaderIcon Economía lanzará en septiembre 10 millones en ayudas dirigidas a pymes para fomentar proyectos de innovación en procesos y organización

Esta convocatoria completará las 5 líneas programadas por la nueva Agencia IDEA destinadas a fomentar la I+D empresarial con una dotación de 84 millones

La consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad abrirá a finales de septiembre una convocatoria de ayudas de diez millones, dirigidas a pymes para el fomento de la innovación en procesos y organización. Se trata de la última de las cinco líneas lanzadas por la nueva Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) dentro del Programa de subvenciones para la Investigación Industrial, el Desarrollo Experimental y la Innovación Empresarial, reactivado este año con 84 millones de euros.
Esta nueva línea de incentivos tiene como finalidad apoyar proyectos que introduzcan mejoras sustanciales en los procesos o en la organización de una pequeña o mediana empresa a través de métodos de producción o suministros nuevos o mejorados. Estos cambios pueden aplicarse en técnicas, equipos, programas informáticos o métodos organizativos.
El delegado de Economía, Ángel Herrador, ha explicado que “durante el estado de alarma, entre las medidas adoptadas por la Junta en apoyo del tejido empresarial, la nueva Agencia lazó dos de estas convocatorias programadas, que estarán abiertas hasta el próximo 4 de septiembre”. En concreto, la línea para el desarrollo de ‘Proyectos Colaborativos’, que cuenta con un presupuesto de 25 millones de euros, y la dirigida a la creación de ‘Proyectos de Unidades de Innovación Conjunta’, dotada con 18 millones.
A estas dos se suma la publicada a mediados de julio para financiar ‘Proyectos de I+D empresarial’, por valor de 23 millones de euros. Esta tercera convocatoria, que permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre, está orientada a fomentar iniciativas con el fin de adquirir nuevos conocimientos o aplicar técnicas ya existentes para desarrollar productos, procesos o servicios novedosos o bien para mejorarlos. 
La cuarta actuación también se encuentra abierta para el fomento de la I+D Internacional, a la que se ha inyectado 7,8 millones adicionales a los más de seis con los que contaba.
Herrador ha subrayado que “este instrumento de apoyo a la investigación empresarial se encontraba bloqueado” para añadir que su “reactivación” se enmarca en el “plan de reestructuración de esta entidad instrumental iniciado por el Ejecutivo andaluz en esta legislatura”. Dicho plan tiene como finalidad “lograr una nueva estructura más ágil y profesional y supone, además, dar un nuevo impulso a los incentivos europeos gestionados por la nueva Agencia”, ha asegurado.
Para el responsable territorial “estas cinco líneas de ayudas son, en la actual difícil coyuntura por la que atraviesa el tejido empresarial, más necesarias que nunca”. Los 84 millones de euros que dotan al conjunto de esos incentivos, sumados a otros programas de subvenciones, tienen como objetivo “apoyar la actividad de las empresas y emprendedores y mejorar sus niveles de modernización y competitividad”, ha apostillado.

 

PostHeaderIcon Andalucía multará con hasta 600.000 euros los incumplimientos en prevención contra el Covid

El nuevo régimen sancionador contempla cierres temporales de establecimientos y prohibiciones de actividad por hasta 5 años

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley por el que se establece el régimen sancionador ante el incumplimiento de las medidas de prevención y contención adoptadas por la Junta de Andalucía frente al Covid-19 y que recoge multas de entre 100 y 600.000 euros, así como el cierre temporal de establecimientos, instalaciones o servicios donde se haya producido la infracción o la prohibición de realizar la actividad durante el plazo máximo de cinco años.
Este decreto ley distingue tres tipos de infracciones: muy graves, graves y leves, y, en función de las mismas, fija las distintas multas. Así, a las infracciones muy graves les corresponde una multa de entre 60.001 y 600.000 euros; a las graves, de entre 3.001 y 60.000 euros; y a las leves, de entre 100 y 3.000 euros. Al incumplimiento de la obligación del uso de mascarillas, o por uso inadecuado de las mismas, se sanciona con multa de 100 euros.
Entre las infracciones muy graves se encuentra el incumplimiento de las medidas generales o específicas de higiene y prevención establecidas para cada tipo de establecimiento o actividad, sea en espacios o locales públicos o privados, cuando éste produzca un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población. Se considera que se produce un riesgo o daño muy grave cuando los incumplimientos puedan suponer un riesgo de contagio de más de 100 personas.
También pueden suponer un riesgo muy grave en la población rebasar los límites de aforo o del número máximo de personas permitido en los establecimientos o las actividades y la celebración y comercialización de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de actividad o acto permanente o esporádico, tanto en espacios públicos como en privados, en los que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención.
La apertura de locales, la celebración de actos o la realización de actividades que hayan sido expresamente prohibidas o suspendidas por la normativa aplicable o por la autoridad competente, o que no hayan sido autorizadas por ésta en los casos en los que sea exigible, cuando produzcan un daño o riesgo muy grave para la salud de la población, también se sancionará con dureza.
Entre las infracciones graves, se encuentra el incumplimiento de las medidas generales o específicas de higiene y prevención establecidas para cualquier tipo de establecimiento o actividad, en espacios o locales públicos o privados, cuando éste no sea constitutivo de una infracción ni leve ni muy grave, del mismo modo que el incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas permitido a los establecimientos o en las actividades.
También figuran el incumplimiento de la elaboración de protocolos o planes de contingencia en relación con aquellos establecimientos o actividades en que se haya establecido dicha exigencia por las disposiciones o actos autonómicos dictados para la contención del Covid-19; y la organización de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto esporádico o eventual, en espacios públicos o privados, en los que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención y produzcan un daño o riesgo grave para la salud de la población.
Se suman además la denegación de apoyo, auxilio o colaboración a los agentes de la autoridad competente; la resistencia a suministrar datos o la obstrucción a facilitar información a las autoridades competentes o a sus agentes, al igual que el suministro de información inexacta o no realizar ni atender los requerimientos sanitarios que sean adoptados por las autoridades competentes; así como no comunicar los casos de sospecha o diagnóstico de la enfermedad o de hechos relevantes cuya declaración resulte obligatoria.
También tienen consideración de infracción grave el incumplimiento del deber de aislamiento domiciliario acordado por la autoridad sanitaria o, en su caso, del confinamiento decretado, realizado por personas que hayan dado positivo en Covid-19.
Por lo que se refiere a las infracciones leves, figuran el incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas permitido, en los establecimientos o en las actividades, cuando no suponga riesgo de contagio o éste afecte a menos de 15 personas; y la celebración y comercialización de reuniones, fiestas o cualquiera otro tipo de actividad o acto permanente o esporádico, sea de carácter privado o abierto al público, en espacios públicos o privados, en los que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención y produzcan un riesgo o daño leve para la salud de la población.
También se recogen el incumplimiento de las medidas generales o específicas de higiene, prevención y control establecidas para cada tipo de establecimiento o actividad, sea en espacios o locales públicos o privados, cuando éste produzca un riesgo o un daño leve para la salud de la población; y los incumplimientos por acción u omisión de la normativa aprobada, o de las medidas, órdenes, resoluciones o actos acordados para hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19, siempre que produzcan un riesgo o un daño leve para la salud de la población.
El incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas o el uso inadecuado de las mismas, en los términos acordados por las autoridades competentes; el incumplimiento, por parte de los establecimientos abiertos al público o actividades públicas, de informar a los clientes o usuarios sobre el horario, el aforo del local, la distancia social y, en su caso, de la obligatoriedad del uso de mascarilla como medidas de prevención del Covid-19; y el incumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal entre personas no convivientes, en lugares públicos o privados, abiertos o cerrados, en los términos acordados por las autoridades competentes, son otras infracciones leves.
A ellas se unen el incumplimiento de la medida cautelar de cuarentena acordada por la autoridad sanitaria competente en personas que no hayan dado positivo en Covid-19 pero que sean contactos directos de un enfermo confirmado; el incumplimiento del horario especial de apertura y cierre para establecimientos y actividades distinto del habitual, impuesto en las medidas contra el Covid-19; y el quebrantamiento de las medidas provisionales adoptadas de conformidad con el decreto ley, entre otras.
Responsabilidad civil o penal
Lo previsto en el decreto ley no excluye la posibilidad de aplicación, cuando resulte necesario según el caso concreto, del régimen sancionador previsto en la normativa general estatal y autonómica de sanidad, salud pública y seguridad alimentaria, e infracciones en el orden social, sin que en ningún caso pueda sancionarse un mismo hecho o conducta dos veces. Tampoco se excluye la responsabilidad civil, penal o de otro orden que, en su caso, pudiera exigirse.
De hecho, cuando se aprecie que una infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, se dará traslado inmediato de la denuncia al Ministerio Fiscal, suspendiéndose la tramitación del procedimiento sancionador mientras en el orden jurisdiccional no se dicte resolución firme o se ponga fin al procedimiento.
Asimismo, sin perjuicio de las competencias reservadas al Estado, las actividades inspectoras y de control sobre el cumplimiento del régimen sancionador serán efectuadas por cualquier agente de la autoridad y personal funcionario debidamente acreditado de la Administración de la Junta de Andalucía o de las entidades locales. Dicho personal funcionario tendrá, en el ejercicio de sus funciones, el carácter de agente de la autoridad, y sus declaraciones gozarán de presunción de veracidad salvo prueba en contrario.
La Junta de Andalucía podrá solicitar de la Delegación del Gobierno y de las Subdelegaciones la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes de su autoridad, en relación con su participación en las tareas de inspección y control que correspondan. Del mismo modo, a través de las entidades locales respectivas, se podrán cursar instrucciones para la coordinación de actividades y unificación de criterios de inspección y vigilancia.

 
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